La renuncia del Superintendente de Salud, Ignacio García Huidobro sólo reafirma las críticas relacionadas con el actuar de la institución y sus atribuciones frente al alza arbitraria registrada durante la primera semana de abril, poniendo en tela de juicio el fin para el que fue creada la institución, como la protección de los derechos de las personas en esta materia.

El alza de los planes de salud afecta directamente a los chilenos, quienes una vez más, deben asumir la negligencia de las instituciones, la que en algunos casos llegan al 7,7% como lo estableció la Isapre Cruz Blanca,

En promedio, esta alza es de 5,1%, es la más alta registrada en los últimos 13 años. La decisión fue respalda por el aumento en el uso y los montos de las prestaciones de salud, además del incremento de las licencias médicas de los usuarios del sistema.

Si bien, los usuarios tienen la opción de cambiar su plan de salud, de isapre, o bien presentar un reclamo a la Superintendencia de Salud o presentar acciones judiciales, resulta incomprensible que esto continúe ocurriendo si los mismos tribunales de justicia consideran esta alza ilegal y arbitraria. Es más, durante el 2018 fueron las mismas isapres, las que pagaron $16.266 millones por las costas en juicios que perdieron. Sin contar, el gasto que significa para el estado tener departamentos completos trabajando en ello.

Frente a un problema tan grave, se necesita más que una opinión del Presidente de la República y sus ministros, quienes se han defendido culpando al senado y a las isapres, pero, ¿quién debe fiscalizar a las isapres? ¿No es la Superintendencia de Salud?, organismo que depende del Ministerio de salud cuyas autoridades fueron elegidas con la venia de Sebastián Piñera.

Los días posteriores a esta alza y siendo lo que detona la renuncia del Superintendente fue la corrección de la regulación emitida el 21 de marzo recién pasado que establecía una prórroga de dos años para la entrada en vigencia de la disminución automática del valor de los planes de aquellos afiliados que por edad dejan de estar en grupos más riesgosos. De este modo, la rebaja en los planes para los niños que cumplen 2 años deberá aplicarse de forma automática a partir de octubre de 2019, mientras que para las mujeres y el resto de los casos será a partir de abril de 2020.

Lo anterior, da cuenta de una institución con una ruta no definida, que no está cumpliendo el fin para el que fue creada, por ende está actuando de forma negligente, y se deben tomar medidas, no sólo un nuevo Superintendente, medidas profundas.

Chile necesita con urgencia una ley de isapres que elimine de una vez la prexistencia, las diferencias de los planes de salud entre hombres y mujeres y por edad, además de simplificar la cantidad de planes de salud que hoy ofrecen dichas instituciones, el ejecutivo ha manifestado su interés en esta ley pero hasta ahora no hay nada concreto.