En Chile, según el artículo 13 del DL 1939 de 1979, no existen playas privadas, no obstante, ya en el año 2012, el Ministerio de Bienes Nacionales apuntó a que existían 31 balnearios nacionales que incumplían con tal referencia legislativa. En este sentido, en el año 2011 se recogieron 224 denuncias por el Ministerio de Bienes Nacionales. En el año 2012 dio cuenta de otras 116 denuncias, de las cuales tan sólo 4 de ellas fueron finalmente resueltas y en el año 2013 el ministerio recibió 218 denuncias de impedimento de acceso a playas públicas y 27 se resolvieron y otros 29 quedaron pendientes. En los distintos esquemas en que se agrupan las situaciones de acceso a las playas chilenas figuran: 1) Sin acceso, o que no cuentan con ingresos peatonales habilitados. 2) Acceso limitado: problemas en el ingreso (caminos cortados, etc.). 3) Acceso restringido: Sólo se permite el acceso a algunas personas. 4) Pendientes: en espera de revisión por parte de la autoridad.
Ciertamente la campaña “Adiós playas privadas”, llevada a cabo por el Ministerio de Bienes Nacionales, ha buscado la concientización sobre el acceso libre a las playas de todo el país, no obstante una de las grandes dificultades con las que se topa en la práctica es la falta de sanciones directas para los que infringen la normativa, lo cual cobra sentido, ya que para los incumplidores no se contemplan multas siquiera. En este sentido, según el ministro de la cartera, Juan Carlos Bulnes acota que, “Hace que la normativa no sea perfecta (…) no señala multas para los incumplidores. Claro que hay casos que están por largo tiempo sin solucionarse, pero no es desidia del ministerio. La normativa no entrega una herramienta global potente”, señala.
Desde hace ya más de 3 años de la puesta en marcha de la campaña de libre acceso a las playas, se ha avanzado hacia una concientización masiva y se ha logrado un apoyo mediático considerable, pero en la praxis, tanto los elementos fiscalizadores y legales con los que cuenta el ministerio, hacen difícil que en el futuro inmediato se resuelva la situación y ni en el corto, ni mediano plazo se podrán ver avances reales sobre los distintos balnearios en cuestión, por lo cual urge una reestructuración estratégica de cómo hacer que los que infringen tal normativa dejen de hacerlo. Para ello constituye un imperativo el revisar las sanciones y fortalecer la capacidad fiscalizadora de las instituciones competentes, principalmente a través del ejercicio de multas para los que insistan en vulnerar una iniciativa que busca dar acceso a los distintos balnearios de nuestro país.