Librepensador: a un día del reajuste al sector público

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Conflicto

En los últimos 5 años, la historia de las negociaciones entre Gobierno y funcionarios públicos ha resultado en desacuerdos. Este mes no fue la excepción. Las propuestas del ejecutivo sobre el reajuste no saciaron las necesidades de los trabajadores, quienes decidieron extender el paro por más de 48 horas.

En medio de la discordia, cerca de 4 mil personas asistieron a la marcha convocada por el Colegio Médico, con el objetivo de agilizar el reajuste y normalizar el flujo de atenciones médicas en todo el país. Finalmente, el Congreso aprobó el 3,2% propuesto por el Gobierno y los funcionarios depusieron las movilizaciones, en medio de un tenso ambiente.

Las claves

¿Qué organizaciones formaron parte del paro? La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM), apoyadas por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT).

¿Qué exigieron los funcionarios públicos? La demanda de reajuste salarial comenzó con un 7,5%. Luego de negociaciones con el ejecutivo, la petición se redujo a un 4% más bonos de $150 mil y $100 mil.

¿Por qué fue rechazada la oferta del Gobierno en primera instancia? Un 3,2% de reajuste salarial y $170 millones adicionales para el pago de bonos que planteó el ejecutivo se traducen en $2.000 promedio en el sueldo de cada trabajador. La Mesa del sector público no estuvo de acuerdo con la propuesta.

¿Qué dirimió el Congreso, luego de la nueva propuesta de Bachelet? El Congreso aprobó el último proyecto de reajuste para el sector público”, en el que mantuvo un 3,2% de reajuste salarial. Para compensar, la propuesta incluye un bono de $114 mil a empleados con ingresos mensuales menores a $550 mil. En tanto, mantendrán en $75 mil el bono para aquellos trabajadores con sueldos de hasta $770 mil y de $38 mil para aquellos que tengan un sueldo entre el rango $770 mil y $920 mil.

¿Quiénes fueron perjudicados con el paro?

El reciente paro de la ANEF provocó la suspensión de 30 mil atenciones médicas, perjudicando, por ejemplo, a pacientes con enfermedades oncológicas que no pudieron operarse.

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