Los festejos por el aplastante triunfo de la presidenta Michelle Bachelet, con el 62% de los votos en las elecciones recién pasadas, se acabaron. Ahora comienza la etapa de desafíos, centrados en cumplir ambiciosas promesas de reformas bajo un escenario de déficit fiscal, que de acuerdo a las declaraciones del Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se debe a que “estamos en una economía en desaceleración, con un crecimiento bajo y esa es una herencia de la antigua administración”.

Aunque las cifras no acompañan al Gobierno de la Nueva Mayoría, la mandataria da claros indicios que busca cambios radicales a través del mejoramiento de la reforma tributaria, la educación pública y el remplazo de la Constitución Política de 1980.

Una de las principales polémicas en el último mes gira en torno al proyecto tributario, el gran dolor de cabeza de esta administración que ha sido presa fácil de duras críticas por parte de la oposición y que han provocado divisiones de criterios en el discurso colectivo.

El Senador UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que la “principal preocupación es que estos cambios significan solo un alza de impuestos y no una transformación real”. Además teme que este “sea el segundo Transantiago de la Presidenta, porque cuando se armó dijeron que era una pequeña reformita y que no iba a pasar mucho, miren lo que pasó con él”.

Para encender aún más los ánimos y provocar la polarización, el domingo 27 de abril, el Gobierno lanzó en youtube un video que sacó ronchas entre los detractores de este proyecto. A través de animaciones, esta cápsula audiovisual, explica que la clase media no se verá perjudicada por la reforma y que los productos y servicios de primera necesidad no subirán de precio.

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, dijo que está «sorprendida» por las airadas críticas que ha generado el vídeo y llamó a fijar el foco del asunto en los beneficios para el país. “No queremos más desigualdad en Chile, apostemos por una reforma que se necesita, que es urgente y que tiene que hacerse cargo de situaciones dramáticas en el norte con el terremoto y en Valparaíso con el incendio».

A esta propuesta se suma la auspiciosa transformación a la educación chilena, que este lunes comenzó a dar sus primeros pasos con la firma de la mandataria al proyecto de ley educacional, el que será enviado al Congreso este 21 de mayo. Sin embargo, para sorpresa de todos, este nada tiene que ver con las necesidades prioritarias trazadas en los movimientos estudiantiles, sino que se trata de un instrumento que permitirá al gobierno de turno intervenir las instituciones de educación superior.

Ante el hermético manejo de las autoridades del Ministerio de Educación, quienes trabajan sin dar mayores detalles de cómo se modificaría el sistema, el ambiente se visiona poco prometedor, más aun cuando comienzan a quedar cuentas pendientes en otra de las mega reformas, la Constitucional.

Esta última no ha dado muestras claras de sus objetivos más allá de lo planteado en el programa de Bachelet, el que señala que buscan modificar “el déficit de legitimidad democrática (…) sometido a quórum reforzados que aseguran el bloqueo de las minorías y la nula participación de la ciudadanía”.

La desconformidad con respecto a la falta de sustento en esta área se ha hecho presente en la opinión pública. Andrés Allamand, Senador de Renovación Nacional, se refirió a la propuesta constitucional y enfatizó que no le resulta razonable. “No han pasado ni diez años y ahora sucede que esa Constitución reformulada por el presidente Lagos, que en ese minuto se aplaudía, no sirve para nada y hay que partir de fojas cero”.

En este contexto de reorganización de políticas públicas, las miradas internacionales se han posado en nuestro territorio, siendo preso de duras críticas como las publicadas por el Wall Street Journal, en el que la columnista Mary Anastasia O’Grady, desde una perspectiva de ataque, cataloga a la actual administración como un verdadero “asalto al milagro chileno”.

La periodista explica que “Bachelet y sus seguidores en el Congreso están dando señales de un cambio en el juego que sugiere un retorno a la polarización política de comienzos de los años ‘70”. También enfatiza que las respuestas de las autoridades, como la del Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y su amenaza a la eliminación retroactiva del FUT; la del senador Guido Girardi, con su advertencia de que si las promesas de campaña de la presidenta no se cumplen el país debe esperar protestas en las calles, demuestran que son un grupo que no ha cambiado desde comienzos de la dictadura.

“Es evidente que predican la tolerancia cuando están fuera del poder y practican la envidia e intransigencia cuando tienen la oportunidad de gobernar”, argumenta O’Grady.

Y como si fuera poco el embajador estadounidense en Chile, Michael Hammer, se refirió a las propuestas impulsadas por la Mandataria, a quien le pidió que consulte a todos los actores involucrados antes de tomar las decisiones de cierre.

«La nueva administración está considerando cambios en distintas índoles y para seguir contribuyendo a la economía lo que necesita la empresa estadounidense es estabilidad política, económicas, y reglas claras», sostuvo el representante diplomático.

A pesar del significativo apoyo político que goza el Gobierno de turno, gracias a los partidos de centro e izquierda que otorgan respaldo a las decisiones tomadas en la Moneda, nada asegura el éxito de estas desestabilizadoras reformas. Lo que queda claro es que han remecido al espectro político nacional, ofuscado al empresariado y agitado el veredicto de la ciudadanía, el que hace dos semanas ya se sintió con la “Marcha de Todas las Marchas”, y que seguro continuará reflejando el quiebre social por medio de la garganta colectiva de los chilenos.