Es un hecho, la población chilena está envejeciendo cada vez con mayor rapidez, lo que nos hace cuestionarnos, ¿Cuentan las personas mayores con el apoyo estatal necesario?
El Banco Mundial, anticipó a través de un estudio que en el año 2050 el 24% de los chilenos serán personas mayores. Esta tendencia no es sólo nacional, también se observa alrededor del mundo, reflejando las mejores condiciones sanitarias y los adelantos tecnológicos cada vez más democratizados, lo cual ha aumentado las expectativas de vida de las personas.
Según el estudio “El envejecimiento de la población chilena y los desafíos para la salud y el bienestar para las personas mayores”, “entre 1960 y 2015 la expectativa de vida al nacer (EVN) aumentó 18 años en el mundo (desde 53 a 71 años). Este proceso ocurre debido a la combinación de tres factores: disminución de la mortalidad antes de los 60 años (crecimiento de la probabilidad de sobrevivir a la edad de 60 años), disminución de la mortalidad de los 60 años en adelante (crecimiento de la esperanza de vida a la edad de 60 años) y de las tasas de natalidad en el período en que ellos nacieron”.
Todos estos antecedentes y cambios dentro de nuestra demografía y sociedad, comienzan a revelar ciertas debilidades en torno a las políticas públicas que incluyen a las personas mayores. Esto se ha visto intensificado por la situación de pandemia, por lo que nuestro país ya ha puesto en marcha el desafío del primer trámite constitucional sobre el envejecimiento positivo. Las Comisiones de Adulto Mayor y de Hacienda son responsables de analizar este proyecto de ley que busca promover el cuidado integral de los adultos mayores, fortaleciendo la institucionalidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor a lo largo del país.
Este proyecto pretende indagar distintas dimensiones en la vida de las personas mayores, incluyendo su presencia en establecimientos de larga estadía y en el campo laboral activo.
Según la Superintendencia de Pensiones la edad legal para acceder a la pensión de vejez es de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, sin embargo, esto se contrapone a lo que levanta la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE en 2019, en donde se muestra que existen 9.087.132 personas ocupadas laboralmente, de las cuales 570.305 resultaron ser adultos mayores (6,28% del total de ocupados). De estas personas, se pudo evidenciar que 321.015 tienen entre 65 y 69 años, mientras que 249.290 cuentan con 70 años y más.
No es ilegal que una persona jubilada continúe trabajando, pero nos hace preguntarnos cuáles son las razones. Lo cierto es que no solo se debe a la necesidad económica, sino también a la necesidad de autonomía e independencia y otras necesidades de índole psicosocial. Parte de esto es lo que pretenden descubrir las comisiones involucradas del proyecto de ley, de manera de hacer cumplir a mayor cabalidad los derechos humanos de las personas mayores, avanzando en participación y derechos laborales que, según el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Francisco Del Río, podrían incluir flexibilidad horaria y compatibilización de funciones, de acuerdo a las necesidades de la persona.
¿Qué opinas? ¿Crees necesario legislar sobre la presencia de personas mayores en el mundo laboral? ¿Debe existir una fiscalización a los puestos de trabajos desempeñados por adultos y adultas mayores?
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