Este lunes 3 de marzo se reinicia el periodo legislativo después de 1 mes de receso. Luego, el congreso actual, y el Presidente de la República por supuesto, tiene no más de 5 días para sacar adelante todos los proyectos pendientes y comprometidos antes del cambio de mando. Estos son particularmente la Ley de televisión digital, de control preventivo de identidad y el Acuerdo de Vida en Pareja, AVP.
En este marco, y como si no fueran pocas las dificultades y traspiés que ya ha atravesado el proyecto que establece un nuevo estado civil, estas últimas semanas se han abierto dos flancos polémicos adicionales en torno a este tema: la acción legal interpuesta por una familia homoparental, patrocinada por el Movilh, contra tres parlamentarios UDI, y las declaraciones amenazantes de este mismo partido respecto a su eventual rechazo al proyecto del gobierno.
La primera tiene que ver con los dichos de la Senadora electa Jacqueline Van Rysselberghe quien afirmó que “qué culpa tiene un niño de que lo adopte una pareja homosexual (…)”, y con las posteriores declaraciones de Víctor Pérez y María Angélica Cristi en la misma línea. Al respecto, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual, MOVILH, se lanzó en picada contra el partido y sus parlamentarios apelando a arbitrariedad, ilegalidad, homofobia y discriminación en sus dichos, a lo que éstos respondieron acusando “amedrentamiento” por parte de Rolando Jiménez y la institución. Pese a las casi nulas expectativas de votos favorables por parte del gremialismo al AVP, esta polémica no llega más que a tensionar y radicalizar las posturas en torno al tema, haciendo más compleja su aprobación.
La segunda, y la más preocupante, tiene que ver con la postura prácticamente amenazante de la UDI hacia el gobierno respecto a sus votos para este proyecto. No sólo han condicionado su votación e invocado “reparos” al proyecto, sino además manifestaron privada y públicamente su incomodidad y molestia al gobierno por ponerle suma urgencia al mismo, aludiendo a falta de comunicación y descuido de las formas para con su propio sector.
Más allá de los “dimes y diretes”, lo central y preocupante de esto es la postura a ratos matonesca que adoptó la Unión Demócrata Independiente respecto de su poder parlamentario en el periodo que termina. Es de esperar que para efectos de la votación de este importante proyecto el partido flexibilice su dogmatismo y lo convierta en altura de miras en pro de un importante de número de chilenos afectos a esta ley, y de acuerdo a un más numeroso de ciudadanos que a través de las encuestas de opinión pública manifiesta su adhesión a la igualdad de derechos en nuestro país. De lo contrario, esperamos que este nuevo periodo parlamentario que comienza con menos parlamentarios UDI y más parlamentarios liberales y progresistas suponga inevitablemente un giro en nuestra manera de interpretar y representar los intereses ciudadanos.