Primero fue el aumento de precios y advertencias por parte del Ministerio de Salud, ahora parlamentarios han propuesto -en dos iniciativas- la prohibición de su consumo en plazas, playas, universidades, centros de educación superior, entre otros. Ante esto, lo primero que uno se pregunta es: ¿Son soluciones probadas internacionalmente o son más bien un nuevo intento de una política “chilean way”?
Fuera de los evidentes aumentos a los precios de las cajetillas y a la vistosa advertencia del Ministerio de Salud sobre los efectos que produce el consumo de tabaco, las regulaciones a esta industria parecen estar muy lejos de terminar.
Es que durante este mes se continuará debatiendo en el Senado las medidas que buscan e endurecer la Ley Anti-Tabaco; esto, a través de mayores restricciones contra su libre consumo e incluso con medidas que podrían ser calificadas como atentatorias contra la libre competencia.
Dentro de la batería de modificaciones al articulado se encuentran restricciones como la prohibición de fumar en parques, plazas, playas y espacios públicos costeros; la imposibilidad de que las marcas de cigarrillos tengan adjetivos tales como “light”, “ligero” o “suave“ ; la incorporación de una nueva potestad al Ministerio de Salud para que pueda prohibir el uso de determinados aditivos y sustancias en el proceso de fabricación de los cigarrillos y la implementación de cajetillas genéricas.
Sobre este último punto es precisamente donde partirá la discusión parlamentaria y todos los antecedentes prevén que no será fácil. La idea de los senadores Guido Girardi (PPD) y Fulvio Rossi (PS) propone que exista empaquetado genérico y uniformidad en la envoltura de sus unidades, como si esto fuera poco, obligaría a llevar la advertencia del Ministerio en el 100% de las dos caras principales de los paquetes.
Antes de cualquier proyección respecto al impacto sobre la industria, la cadena productiva y a final de cuentas, el empleo, cabe preguntarse si esta medida realmente contribuye a un consumo responsable o es otra disposición sin consecuencias. En el caso de Australia -donde se implementó en 2012- el efecto ha sido totalmente el contrario, las ventas de cigarrillos aumentaron en 59 millones durante los primeros 12 meses; la taza de tabaquismo cambio su tendencia y creció durante 2013 y no menos preocupante, el alza cercana al 15% respecto respecto al comercio ilegal del tabaco.
Último punto que ha adquirido relevancia en el último tiempo, es que a los históricos cigarrillos gringos tipo “Capri” que se comercializan ilegalmente a lo largo de todo el país, se han sumado con fuerza la venta de argentinos –incluso en quioscos- y la venta de cajetillas derechamente piratiadas; esto no sólo representa un atentado contra las marcas sino también un verdadero peligro a la salud, ya que en estos casos no se sabe realmente la composición y origen del tabaco.
De todas maneras, un buen puñado de senadores ya ha considerado estas aristas, sin ir más lejos, Eugenio Tuma (PPD) señaló en su momento que “no me parece que la cajetilla genérica impida saber los compuestos del cigarrillo, incluso termina siendo clasista”; mientras que Ricardo Lagos Weber (PPD) manifestó que “imponer normas de conducta a mí me repelen. No podemos prohibir fumar en playas”.
Lo que no sabía hasta ese momento el senador Lagos Weber y que probablemente lo irritaría aún más, es que se presentaría otro proyecto de Ley que prohibiría el consumo de tabaco en centros de salud y educación superior -público o privado- además su completa prohibición de venta en estos últimos.
El debate está abierto, pero en @quieroelegir creemos en las libertades ciudadanas, en la importancia de la educación y la conciencia para hacerlo sin que incomode al resto. Eso, no es prohibir.