No es primera vez que se pone en tela de juicio la adjudicación de una millonaria licitación, bien lo sabe la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que ya en el 2015 enfrentó una situación que costó la salida del director de la institución de ese entonces, José Miguel Serrano, quien fue formalizado por fraude al fisco al comprobarse que en la licitación de ese año se le adjudicó a la empresa VerttI Frutti y Hendaya con sobreprecio cercano a $5.000 millones.

Hoy, nuevamente la Junaeb se encuentra en el ojo del huracán, esto a raíz de la licitación publicada en octubre del 2020, la que tenía por objetivo entregar raciones alimentarias a los niños, niñas y jóvenes de cuatro regiones del país, en lo que se conoce como los Programas de Alimentación Escolar y de Párvulos.

La licitación, según consigna Bío Bío Chile, fue adjudicada por 14 empresas en diferentes niveles, a las cuales se les exigió una serie de requerimientos como garantía de seriedad de la oferta, oferta económica, ofertas técnicas y estados financieros. Este último punto es el más crítico, porque permite que ante cualquier eventualidad, niños y niñas vulnerables no vean sus comidas diarias afectadas o en riesgo.

El conflicto surge, ya que tres empresas de las que ganaron esta licitación habrían abultado los estados financieros en más de 8.000 millones, hablamos de Servicios Aliservice, Lagunas SPA, y la UTP Tekarera.

Debido a lo anterior, en junio del 2021 una de las empresas que perdió la licitación, Fedir SPA, presentó una querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía contra quienes resulten responsables del delito de falsificación y uso malicioso de instrumento privado. En ese contexto, se acusa a tres empresas de adjudicarse parte de la última licitación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con dichas artimañas. 

Junaeb ratificó la licitación a través de la resolución exenta N°1793 publicada en junio del presente año en la que la institución rechaza la solicitud de invalidación de la licitación apuntando a que los estados financieros de los postulantes fueron auditados por la prestigiosa firma internacional Deloitte.

Pese a lo anterior, la empresa querellante presentó en fiscalía dos nuevos peritajes, uno informático y otro financiero que concluyeron que las tres empresas alteraron sus estados financieros para abultarlos en casi $9 mil millones y que los documentos no fueron firmados electrónicamente ni tampoco a través de un certificado digital. 

Con el fin de esclarecer la situación, los diputados UDI Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida anunciaron que citarán al director de la Junaeb, Jaime Tohá, y a representantes de ambas empresas a la próxima sesión de la comisión de Educación. Por otro lado, los parlamentarios hicieron un llamado a la Contraloría General de la República a tener cautela en la toma de razón de la licitación, con el fin de que existan garantías de que se realizó de forma correcta.

De ser verdad las acusaciones que señalan, se podría repetir la situación del 2015, pues la institución tiene el deber de confirmar que la información presentada por las empresas en las licitaciones sea verídica. Con lo anterior nos hacemos la pregunta, ¿Está en juego la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Podemos confiar en las empresas que están a cargo de la entrega de este servicio?