En marzo de 2016 se cumplirán tres años desde que entró en vigencia la Ley Antitabaco en nuestro país y hasta hoy las polémicas en torno a la misma no han dejado de surgir, por uno u otro motivo.

En esta ocasión, el debate se centró en el cultivo de tabaco, que es la primera parte de una cadena de actividades relacionadas, como serían la manufactura, exportaciones, distribución y ventas minoristas del mismo. Por ende, se considera una actividad que en lo concreto genera mucha ocupación; lo que se traduce a 18 mil empleos directos e indirectos, para un segmento de personas altamente vulnerable.

De acuerdo a lo anterior, a comienzos de este mes, se publicó en un diario regional lo que sería la debacle de nuestra economía y, por ende, de los índices de desempleo en Chile. Mil familias, pertenecientes a la Agricultura Familiar Campesina (AFC),  mantienen la tesis de que con el cierre de la planta de Chiletabacos en San Fernando, 15 mil personas quedarían automáticamente cesantes.

La demanda fue escuchada por los ministros de Economía y Trabajo, Luis Céspedes y Ximena Rincón.  Esta última aseguró que “todos tenemos claro el daño que puede provocar el tabaco, pero no puedo pasar por alto la cantidad de empleo que genera, lo que lo convierte en un caso de suma importancia”.

Por su parte, Céspedes afirmó que “este tema será analizado en el comité económico. Es un proyecto que no es liderado por el gobierno, pero intervendremos para que sea examinado por las comisiones de agricultura, salud y trabajo en el parlamento”.

Asimismo, el diputado Ricardo Rincón (DC), quien fue el responsable de levantar la demanda, aseveró que el estado del proyecto de ley se encuentra sin urgencia simple, argumentando que el principal interés del mismo corresponde a la estabilidad jurídica del país, dejando en segundo lugar el impacto económico y la cesantía que provocaría la aprobación de la tan controversial ley.

Tal y como se planteó al comienzo, los agricultores del tabaco pertenecen a un grupo de personas vulnerables, en el sentido de que trabajan en terrenos reducidos con suelos no aptos para cultivos muy rentables, con una mano de obra limitada y bajo nivel educacional.

Por lo anterior, es que el representante del grupo de tabacaleros de la Región de O’Higgins, José Miguel Urzúa, aseguró que de concretarse la aprobación total de la Ley Antitabaco y con ello el cierre de las tabacaleras, los agricultores quedarían endeudados y sin opciones de trabajar otros productos. “Es una de las leyes más duras del mundo contra el tabaco, hay aspectos que ni siquiera se han aplicado en otros países”, afirmó.

Por su parte, el representante de los productores de tabaco de la Región del Maule, Ignacio Azócar, fue enfático en manifestar que el cultivo de tabaco es una alternativa rentable para los agricultores y que no dejarán de exigir al gobierno buscar una solución que no implique acabar con el trabajo, que con tanto esfuerzo han logrado mantener.

Ratificando las palabras de Azócar, el tabaco efectivamente permite una actividad económica regular y constante para el país, características difíciles de alcanzar con otros cultivos, por limitantes técnicas, de capital o nivel educativo. Por tanto, el cierre de las tabacaleras dejará un daño en la economía y en estas personas que podría remediarse con una adecuada educación de la cultura que se debe tener cuando se es fumador.