En los últimos días, la discusión para endurecer la actual ley del tabaco ha retomado la iniciativa de castigar a quienes por elección propia fuman cigarrillos. En los cambios, se planea, por ejemplo, prohibir el consumo en plazas y parques, exigir a los locales la advertencia de que los menores de 18 años de edad no pueden comprar tabaco, y también, un alza en el impuesto.
Sin duda, el fortalecimiento de este proyecto es una medida exagerada para quienes eligen informados, lo que coincide con las declaraciones de la ministra de salud, Helia Molina, al indicar que: “Habrá conflictos entre quienes sostienen que no se puede coartar la libertad individual”. Sin embargo, es dura al puntualizar que: “Es importante que los niños no consideren que fumar es una actividad más de la vida”.
Pese a ello, ¿dónde quedan las libertades civiles que tanto buscan proteger? ¿Somos adultos o no? Y aunque cueste asumirlo, para un 40,6% de la población fumar es un placer y como tal, estar a favor del consumo es un derecho no sólo como ciudadano sino también una garantía de consumidor. Por lo mismo, y sin importar las normativas, debemos estar alerta ante las consecuencias de prohibiciones con esta magnitud, ya que según Carlos Cáceres, presidente de la filial chilena British American Tobacco, existen dos secuelas en las alzas al tabaco: el inevitable traspaso en precio al consumidor y el aumento del contrabando.
Respecto a esta última arista, el investigador independiente del Instituto Nacional de Salud Pública de México, Pedro Armendares, el tabaco es el producto legal que más se contrabandea al estimar que uno de cada tres cigarrillos que se venden en el mundo proviene del comercio ilegal. Situación que se mantiene según el economista docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú, Lindon Vela, gracias a causas como: diferencias de impuestos en los países, sanciones débiles y permisivas para el contrabando, faltas de mecanismo que midan la falsificación, y los incrementos excesivos y repentinos de los cigarros.
A principios de la década de los años noventa, la industria tabacalera lanzó una intensa campaña de publicidad contra los duros impuestos que el Gobierno canadiense impuso. No obstante, el contrabando aumentó considerablemente, y luego de un tiempo, el Estado Federal de Canadá tuvo que ceder ante la presión de sus provincias, bajando el impuesto correctivo en un intento por limitar el mercado negro.
Si bien en Chile las medidas correctivas han avanzado desde 2013 con el ex Presidente Sebastián Piñera, el contrabando no ha dado tregua a las políticas contra el consumo de tabaco. Es más hace unos días, la Policía de Investigaciones logró desbaratar a una organización dedicada al mercado pirata de cigarrillos que poseía contactos con autoridades en el control aduanero. De esa forma, lograron detener una banda dedicada a traficar desde el país transandino grandes cargas de cigarros.
Finalmente, las políticas que busca implementar el senador PPD, Guido Girardi, sólo contribuyen a segregar a un grupo que se restringe a usufructuar de un bien de consumo. Y es que la libertad de elegir tiene que ir acompañada de información real que eduque a quienes optan por fumar, ya que de lo contrario ayudamos simplemente a fomentar el miedo entre los consumidores, que ya temen a una nueva alza de un 20%.