Tras la llegada de la Reforma Tributaria al Parlamento, salen a los medios comunicacionales los primeros comentarios. Un debate que sin importar el Gobierno de turno se genera tras propuestas que prometen ser el gran cambio. Esta vez, sin embargo, el Ejecutivo ha mostrado un fuerte interés. Y es que si llegara a prosperar tal iniciativa ¿es posible que se logre la tan anunciada gratuidad de la educación? Y para tal caso, ¿cuál es el costo que deberemos asumir como ciudadanos?
El ex presidenciable de la UDI Pablo Longueira lo tacha de populista. Esto, porque anticipa que la gradualidad con que se pretende aplicar los cambios entra en conflicto directamente con las expectativas ciudadanas. Donde, además, advierte que es sumamente difícil implementar tal impositivo proyecto en sólo cuatro años.
No obstante, la Presidenta Michelle Bachelet en el mensaje que dio inicio a la tramitación de la reforma en el Congreso se mostró bastante positiva. Es más, recalcó la idea de una sociedad más equitativa, aludiendo que dicha tarea debía contar con recursos permanentes a fin de hacer realidad dichas transformaciones de manera sustentable.
Así, los impuestos indirectos se convierten en el blanco fácil de esta reforma. Esto, porque dicha asignación debe ser pagada por cualquier persona, independientemente de su capacidad tributaria. Entonces, el consumo de un bien ante nuestra necesidad se ve altamente influenciado cuando el precio sube desigualmente.
De esta forma, productos como el combustible ven afectado su valor final. Primero, porque obedece al insondable precio del petróleo, y segundo, al reciente impuesto verde cuyo fin aborda temáticas medioambientales. Situación que no ha dejado ajeno al gremio transportista que considera justo que el impuesto sea pagado por todos, pese a que dicho insumo constituye el 40% de los costos en los servicios de transporte de carga.
Otra variable que saltó a la vista de los consumidores fue el impuesto a las bebidas alcohólicas y azucaradas. Insumos que tras el correctivo que propone la reforma deben subir su costo, dependiendo de la graduación de alcohol en cada una de ellas. Por su parte, el abogado constitucionalista Eugenio Evans increpa la arbitrariedad de este impuesto, acusándolo de discriminatorio al gravar estos productos sin explicar por qué otros alimentos que contienen azúcar no lo pagarán.
Ahora, en el caso de los cigarrillos, desde el Ministerio de Hacienda se confirmó que no habrá modificaciones a la estructura tributaria que afecta al tabaco en Chile, pues el apartado que indicaba un aumento en el impuesto específico por cantidad y una rebaja al impuesto ad-valorem (Porcentaje sobre el valor de la mercancía) fue sacado del actual proyecto. Pese a ello, el diputado Pablo Lorenzini no exime a este insumo de algún gravamen, planeando una ley especial un poco más adelante para desincentivar el consumo de tabaco.
En ese sentido, Chile está posicionado en el cuarto lugar del mundo con la carga tributaria más alta, ascendiendo a un 76,47% según destaca en su análisis de cierre de 2013 la British Tobacco Chile. Y es que si lo comparamos con otros bienes, el tabaco se encuentra entre los productos con más impuesto, dando como resultado efectos importantes para quienes pagan por dicho consumo.
Por lo mismo, la reticencia del Gobierno ha despertado la discusión entre los consumidores, ya que mientras desde el oficialismo aguardan que todo avance con regularidad, los fumadores especulan acerca de cómo será esta legislación que coarta una vez más sus derechos. Lo que se sumaría al listado de restricciones a un año de la implementación de la Ley del Tabaco que prohíbe fumar en lugares cerrados.
Si bien la demanda y la dependencia son altas en el mercado de los cigarrillos, las autoridades se restringen a las externalidades negativas que representa tal producto. Por un lado, los fumadores usan recursos del sistema público de salud para sus enfermedades inducidas por el consumo de tabaco, lo que es cubierto a través del impuesto. Sin embargo, como segundo efecto, causan problemas en la salud de quienes no fuman. En tal situación, Claudio Agostini, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, considera importante mencionar que aún no existe consenso acerca de la magnitud de esta última.
Y aunque dicha asignación obedece a la necesidad que tiene cada gobierno de recaudar impuesto con el fin de proveer bienes y servicios públicos, la medida sigue siendo exagerada para el bolsillo del consumidor, quien debe acatar bajo el límite de su propio presupuesto mensual. Finalmente, la libertad no radica en cuántas prohibiciones tengamos sino en cómo somos capaces de elegir.