Mucho se habla de la necesidad de proteger nuestra economía, en medio de la peor crisis sanitaria y económica de la que se tenga recuerdo en el país en su historia reciente. Por eso, se valoran las medidas adoptadas por el gobierno en materia de control de la pandemia, lo que sin duda es un aliciente en la recuperación de empleo y la reactivación productiva y de servicios.

Pero salir de la crisis no puede ser a cualquier costo. Casi entre gallos y medianoche, se ha tramitado ante la autoridad ambiental de Magallanes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la empresa pesquera Landes, la que pretende instalar dos plantas de tratamiento de hidrolizados; esto es, manejo de residuos generados por la industria del salmón, para obtener harina, aceite y proteína líquida.

El proyecto busca construirse en el área industrial de Cabo Negro, a 28,5 kilómetros al norte de Punta Arenas, su área de impacto afectaría al monumento Natural “Los Pingüinos” y los miles de aves que, durante la época estival, ocupan ese territorio para su reproducción y nidificación. Y pese a que CONAF manifestó observaciones al proyecto, en un segundo pronunciamiento le dio su aprobación, sin que existan antecedentes efectivos ni evidencia que la instalación de este proyecto no afectará biodiversidad ni el turismo en esa área silvestre protegida.

Ya vimos hace poco tiempo un amplio reportaje en TV sobre otra empresa salmonera en Magallanes, Nova Austral, que en aguas antárticas mantiene sus centros de producción supuestamente amable con el medio ambiente. Todo lo anterior, a vista de la investigación periodística, era más bien un producto del marketing que buenas prácticas para un desarrollo sustentable. 

Ahí la autoridad medioambiental fue implacable, y salió en dicho reportaje condenando el actuar de esa empresa y calificándola de un “infractor serial”, al tener a la mitad de sus centros bajo procesos sancionatorios. Esa misma severidad se requiere para este proyecto de Landes, porque no se puede hipotecar el futuro de la región, su medio ambiente y su actividad turística, bajo el argumento de generar empleo y productividad económica.

No estamos lejos de tener una Patagonia amenazada. Así como años atrás se nos amenazó que sin represas iba a casi colapsar el sistema eléctrico chileno –cosa que no sólo no ha ocurrido, sino que además ha servido para diversificar nuestra matriz energética hacia sistemas más sustentables-, no hay que dejarse amedrentar por el “cuco” de la economía. 

Sin duda que la industria salmonera debe continuar pero con los más altos estándares de sustentabilidad, lo que no puede ser viable sin el concurso y la aprobación de las fuerzas vivas de la región, y sobre todo del respeto a las normas y el patrimonio que significa para Chile la riqueza patagónica.