Esta semana nuestro país se conmocionó con la noticia de un bebé muerto encontrado por su abuela. Pilar Castillo, la madre del recién nacido, habría matado a su hijo recién nacido de 40 semanas de gestación por supuesto temor a que sus padres se enteraran de su embarazo.
Supuesto o no, lo cierto es que en Chile tenemos una cruda y compleja realidad, la cual es una consecuencia más de la profunda desigualdad de nuestro país. Antes que todo, de declararse culpable, el infanticidio del cual es acusada Pilar no tendría justificación alguna. Sin embargo en sus causas refleja algo bastante evidente así como sintomático.
La brecha que existe en el acceso, no sólo a servicios, sino también a garantía de derechos en Chile es vergonzosa. Pilar, venía de una familia de esfuerzo, era primera generación de su familia en ingresar a la universidad, y por tanto tenía las esperanzas de todos ellos sobre sus hombros. Entre otras cosas, sentir la presión familiar y social habría sido una de las principales razones para tomar la macabra decisión que tomó.
¿Qué otras opciones tenía? Lamentablemente en nuestro país la respuesta a esa pregunta está determinada por la cuna en la que le tocó nacer. Si sus padres hubiesen tenido los medios económicos, probablemente hubiese sido la feliz madre de ese bebe. O en su defecto, a poco tiempo de haber sabido que estaba embarazada, alguna clínica del barrio alto le hubiese diagnosticado un lamentable pero médicamente seguro y protegido “aborto espontáneo”.
Desgraciadamente no era así, y desgraciadamente en Chile no existen los medios institucionales a través de los cuales se proteja y acompañe a las mujeres de escasos recursos que se ven enfrentadas a situaciones extremas. Sí, para una mujer de escasos recursos ser madre es una situación extrema. Aún más en las condiciones de Pilar. Así como no hay justificaciones para ella el haber cometido tal crimen, tampoco las hay para que el Estado de Chile no se haga cargo de una vez por todas de la profunda inequidad de accesos y derechos que existe en nuestra sociedad.
Nadie con un mínimo de sentido común dudaría que para una mujer tener que abortar es una decisión tremendamente difícil y con consecuencias físicas y sicológicas dramáticas. El punto es que sólo una parte de nuestras mujeres –las con más ingresos- pueden acceder a tratamientos integrales de calidad. Las otras, lamentablemente no tienen mayores opciones.
Así como en el caso de las golpizas y asesinatos por motivaciones homofóbicas, lo fundamental en el caso de los embarazos de adolecentes de estratos socioeconómicos vulnerables, es la prevención, la educación y la protección. Así como queremos todo el rigor de la ley para asesinos de homosexuales y para asesinos de recién nacidos, también queremos todo el rigor de nuestras políticas públicas para prevenir y evitar a tiempo estos dolorosos y desgarradores hechos.