Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, una normativa que regula el tratamiento de la información sensible de las personas y establece significativas multas para las empresas que no cumplan con sus disposiciones.

La ley se originó a partir de la fusión de dos mociones ingresadas en 2017, una presentada por la expresidenta Michelle Bachelet y otra por un grupo de senadores. Tras un largo proceso de debate, la propuesta fue aprobada con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones. Desde la oposición, surgieron críticas sobre el posible impacto negativo en la inversión y las elevadas multas previstas.

¿En qué consiste la Ley de Protección de Datos Personales?

La normativa, que se asemeja al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, regula el tratamiento y protección de la información personal, incluyendo nombres, domicilios, geolocalización, correos electrónicos, datos biométricos y números de teléfono. Esto limitará las molestas llamadas de spam telefónico, a través de las cuales se presiona a los usuarios para contratar productos o servicios, incluso si ya pertenecen a otra compañía.

Con la entrada en vigor de esta ley, las personas tendrán derecho a acceder, rectificar, suprimir, oponerse, portar y bloquear sus datos personales. El uso de estos datos solo será legal con el consentimiento del titular, salvo excepciones como la celebración de un contrato o el cumplimiento de una obligación legal.

Multas y sanciones

Para garantizar el cumplimiento de la ley, se creará la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo de derecho público con patrimonio y personalidad jurídica propios. Esta agencia será responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas y podrá imponer sanciones según la gravedad de las infracciones: leves, graves y gravísimas, con multas que pueden llegar hasta 20.000 UTM (equivalente a $1.318.020.000 CLP).

La regulación se aplicará al tratamiento de datos personales en territorio nacional, incluyendo el uso de datos realizado por mandato, vinculado a la oferta de bienes y servicios, o incluso cuando se busque utilizarlos fuera de Chile.

Aunque la ley ya fue aprobada, su implementación comenzará en 24 meses, otorgando tiempo a las empresas y entidades para adaptarse a las nuevas disposiciones, según señaló una publicación del Gobierno.