En marzo se cumple un año de la promulgación de la ley 20.660, que modifica la legislación vigente en materia de ambientes libres de humo de tabaco. La conocida ley de tabaco que entrara en vigencia en marzo de 2013, desde cuando se nos prohibiera fumar en un sin número de lugares incluso habilitados con infraestructura para ello, ha sido nefasta.
Según la SEREMI Metropolitana de salud, a 2013 se realizaron casi 7000 fiscalizaciones en la región, y 20.262 a nivel país. La normativa que prohíbe fumar en todo espacio cerrado de acceso público, incluyendo estadios, pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego, otorga un rol fiscalizador a las SEREMIs de salud e Inspectores Municipales, y a los juzgados de policía local la potestad de emitir sanciones.
Los costos los ha debido asumir el ciudadano. Ese que en regiones tan extremas como Aysén y Magallanes debía salir a la calle, en pleno invierno, sólo para fumarse un cigarrillo, y ese que en el resto del país habiendo emprendido, debió modificar sus locales ya ambientados con las divisiones correspondientes, para prohibir totalmente el consumo de tabaco en todo su espacio.
Por otro lado, este lunes se dio a conocer el informe de la Organización Panamericana de la Salud que pone a Chile como el país más fumador de América. Si bien los datos son de antes de entrada en vigor de la normativa, éstos muestran que no se trata de prohibir, se trata de informar, acoger, y desarrollar planes para quienes deseen dejar de fumar.
Gran parte de los fumadores, lo son por decisión personal. Nuestra postura es contraria a la prohibición, no a que la autoridad haga su trabajo. Al contrario, instamos a que lo haga, cual es informar e implementar políticas para la prevención y la rehabilitación, incluso, si se quiere, establecer impuestos específicos más elevados, pero no prohibir. Ese no es el rol de la autoridad.