Entre el viernes y el lunes recién pasado, se publicaron dos estudios referidos a la política de drogas en Chile. Uno es del think tank Asuntos del Sur entregando cifras sobre la apreciación de la ciudadanía latinoamericana sobre sus respectivas políticas de drogas, mientras que el segundo es la evaluación de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, hecho por la propia Cámara de Diputados de Chile.
El primero arroja cifras macizas respecto a la postura de la opinión pública en materia de despenalización del consumo y el cultivo del cannabis. Lo más destacable es que, de una muestra de 4102 hombres y mujeres encuestados en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador y México, el 67% de los chilenos está a favor de la legalización de la marihuana y el 70% cree que la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas y el tratarlo como un tema de salud pública planteado por la OEA en uno de sus escenarios tendrá un impacto positivo sobre las políticas del país.
El segundo revisó las principales variables jurídicas, institucionales, técnicas y culturales relacionadas con la Ley 20.000, en razón de la eficiencia y eficacia de su aplicación y su pertinencia, centrando el estudio en aspectos relacionados con la incorporación de la figura del microtráfico, las precisiones normativas y jurídicas que involucra y la eficacia del sistema institucional. Dentro de sus principales conclusiones y recomendaciones destaca revisar la definición del Estado sobre el consumidor: paciente o delincuente. Ya que con la dictación de esta normativa, señala el estudio, se ha producido una dicotomía entre la institucionalidad creada para enfrentar la problemática de la droga y la ausencia de un organismo enfocado en equilibrar las intervenciones para reducir la oferta y la demanda con las acciones destinadas a prevenir y rehabilitar el consumo.
Ambos estudios tienen dos denominadores comunes: exponen un consenso transversal y extendido, desde la ciudadanía hasta las autoridades y técnicos en la materia, que las políticas de drogas aplicadas en América Latina y en Chile particularmente, son un fracaso. Y segundo, la necesidad de tratar el consumo de marihuana como un asunto de salud pública, lo que es.
La ley 20.000 tiene un enfoque que criminaliza al consumidor y lo pone al mismo nivel de un delincuente. Aún peor, debido a la represión y penalización que esta ley establece, empuja a consumidores recreativos a un círculo de violencia, delincuencia y marginalidad que podría evitarse con el simple hecho de legalizarla y que estuviese disponible más allá de ghettos de narcotráfico.
Este hecho está bastante instalado en la opinión pública y en los expertos. Afortunadamente, también se ha ido configurando como un hecho indesmentible para congresistas de nuestro país que hasta hace poco tiempo tapaban el sol con un dedo. La reducción, o en algunos caso el término del consumo y de la violencia asociada al acceso a esta droga a propósito de la aplicación de la ley 20.000 en Chile es un rotundo fracaso. Con estos estudios, y particularmente el de la Cámara de Diputados, es de esperar que nuestros representantes actúen en consecuencia y planteen modificaciones a ésta, o derechamente regulaciones alternativas, que reflejen el sentir y pensar ciudadano y la evidencia que ellos mismos han obtenido.