Durante los últimos años la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha estado en el ojo del huracán debido a sus polémicas y millonarias licitaciones, las que hoy cuentan con denuncias ante Contraloría de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Afaeb), además de oficios a la institución por parte de la Comisión Educación de la Cámara de Diputados y del diputado Hugo Gutiérrez. A lo anterior se suma una querella criminal interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantía por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento privado.

Es cierto que no todas las empresas están cuestionadas y existen las que postularon sin abultar estados financieros o que no mantienen multas impagas, por lo mismo, no se logra entender que hoy las mismas empresas cuestionadas previamente, se hayan adjudicado la mayor parte de dichas licitaciones.

Durante este año Jaime Tohá, Secretario General de la Junaeb, concurrió a la comisión de Educación para dar respuesta a aquellas inquietudes que surgen de los integrantes de la entidad. Dentro de su presentación, expuso las empresas que tienen multas millonarias por incumplimientos, lista encabezada por Aliservice, con casi 7 mil UTM y Distribuidora Las Lagunas, con más de 6 mil UTM. 

Las dos empresas nombradas anteriormente, se adjudicaron parte importante de la actual licitación y están acusadas de abultar los estados financieros en más de 8 mil millones. También enfrentan una querella criminal por falsificación y uso malicioso de instrumento público. 

Es más, de las 14 empresas que ganaron la licitación, siete mantenían sanciones impagas (por incumplimiento de contratos) a la fecha de la adjudicación; dos acusadas de falsificar sus estados de cuenta (cuánto capital poseen) en la postulación y tres que tienen como representante legal y/o creador a Jorge Orellana, dueño de la Las Dalias S.A., proveedora inhabilitada para contratar con el Estado desde diciembre del año pasado, así lo consigna El Mostrador.

A las acciones penales y oficios ya mencionados, se suma la interposición de un recurso de invalidación ante Junaeb. Sin embargo, y a pesar de todas las acusaciones, el organismo decidió rechazar la anulación de la millonaria licitación, decisión que fue tomada en sólo seis días. 

Ante esto, nos preguntamos ¿Por qué la institución decidió no investigar hechos tan graves de irregularidades y corrupción? Si existen denuncias contundentes ¿Es correcto desestimarlas en un período tan corto de tiempo? ¿Por qué afectar de esa forma su credibilidad?  

A lo anterior, se suma un oficio del diputado Hugo Gutiérrez al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que engloba lo expuesto anteriormente y agrega un capítulo, que ya antes había sido denunciado y se trata de la participación de Inventia Consultores SPA, empresa creada en 2019 para adjudicar por trato directo, sin licitación, por 120 millones de pesos.

Según da cuenta el documento, esta empresa asesora está conformada por el ingeniero comercial Luis Maluenda Orellana y el abogado Claudio Pérez Mella, ambos ex profesionales ligados al Ministerio de Transportes, quienes durante su estadía en esta unidad trabajaron junto a Rodrigo Pizarro, actual jefe de la Unidad de Contratos de JUNAEB, lo que, según consigna Gutiérrez en la carta “a los menos genera suspicacias en el sector”

Inventia consultores solo habría efectuado una reunión con la Unidad Legal de Compras y Contrataciones y con la Jefa del Departamento de Compras. Asimismo, el producto entregado, contendría inconsistencias que habían sido detectadas un año antes y que, además, incluía la exigencia de garantía de fiel cumplimiento contractual del 2%, lo que infringe lo previsto en el artículo 68 del reglamento de la ley N° 19.886, y que daría cuenta de falta de experticia del proveedor en la materia.

Finalmente, el borrador de bases propuesta por la empresa habría sido reescrita por funcionarios de JUNAEB, no obstante lo cual, existió recepción conforme y pago del servicio.

Todos estos antecedentes están siendo revisados por Contraloría y es de esperar que pronto se llegue a una resolución, de modo de esclarecer estas licitaciones en las que finalmente termina pagando toda una institución, las empresas que sí están haciendo las cosas bien y, más importante aún, las y los beneficiarios de los servicios que ofrecen.