Impacto causó hace un par de semanas la noticia de una mujer holandesa de 70 años que se sometiera a eutanasia por quedar ciega. Nathan Verhelst, por su parte, pidió suicidio asistido tras reiterados y fallidos intentos de cambios de sexo, los que lo hacían sentirse “un monstruo”.
Estos hechos no sólo han conmovido a Europa y el mundo, sino además han reabierto el debate sobre un tema –literalmente- de vida o muerte. En Europa el procedimiento es legal en tres países: Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En los tres se establecen condiciones razonablemente exigentes para aplicarla. En otros países como Suiza, Noruega, Dinamarca, Alemania y España, entre otros, existe un modelo de suicidio asistido –en donde el médico receta al enfermo una dosis de determinados medicamentos, los cuales debe tomar por sus propios medios- y el de “dejar morir” en el que el paciente goza de autonomía para rechazar, él mismo o a través de su familia, determinados tratamientos aunque esto le provoque la muerte.
En Latinoamérica México y Argentina poseen el modelo de “dejar morir”, y en Colombia el suicidio asistido.
En el fragor de la campaña electoral, Chile escucha con mayor fuerza propuestas y posturas en materias de salud, educación, trabajo, etc. Sin embargo este tema no es menor cuando los argumentos para despenalizar esta práctica en los países europeos es el de “sufrimiento insoportable” del enfermo. Esto significa, ni más ni menos, preguntarse si es justo impedir que una familia pueda solicitar eutanasia o suicidio asistido por un ser querido postrado sin poder disfrutar de su vida, sobreviviendo únicamente con limitada actividad cerebral y cardiaca, por ejemplo.
No es menor cuando en Chile estamos en un contexto donde el próximo 17 de noviembre se elige completa la cámara de Diputados, y la mitad del Senado. No es menor cuando antes de fin de año sabremos quién es el nuevo Presidente de Chile. Este no es un tema menor frente a los más recurridos por los candidatos. De hecho tiene que ver con un valor de fondo, que es transversal a los temas esenciales como salud, educación y trabajo. El Estado tiene un rol central en garantizar dignidad de vida a las personas, pero también lo tiene en garantizar –por muy crudo que suene- dignidad en su muerte.