Inmediatas reacciones generó el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet, en su primera cuenta pública, al señalar que durante su gobierno impulsará un proyecto de Ley que regule la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto.
Las opiniones encontradas surgieron del ex presidente Sebastián Piñera, quien a través de un tweet expresó, “parece que hay más cuidado y preocupación por el bienestar de las mascotas, que por la vida y dignidad de los niños que están por nacer”.
Pero el ex mandatario no fue el único en referirse al tema. El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati criticó la idea de legislar e indicó que “con todo el respeto que me merecen las mascotas (aludiendo a los anuncios realizados por la Presidenta sobre tenencia responsable de animales y esterilización), creo que la persona y la vida humana vale mucho más que eso”.
Sin embargo, la urgencia de este debate queda establecida por las alarmantes cifras que dejan en segundo plano las críticas de la oposición y la iglesia. De acuerdo al registro del Ministerio de Salud, durante el año 2013 se practicaron 17.434 abortos en Chile, más del 50% de estos procedimientos corresponden a razones de salud e interrupciones de embarazo que ocurren de manera espontánea. Es decir, las mujeres llegan a recintos hospitalarios con complicaciones durante el proceso de gestación.
El académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Ramiro Molina, explicó que “aunque es muy difícil cuantificar, las cifras del Ministerio no corresponden a las que manejamos en la práctica, estas indican que ocurren anualmente unos 33 mil abortos, por eso es importante discutir. Somos uno de los cinco países más drásticos en materia legal y eso no corresponde a la realidad”.
A nivel mundial, nuestra legislación es considerada como una de las más restrictivas. Así lo estableció El Código Penal en 1874, que calificó al aborto inducido como una práctica ilegal. Con los años esta Ley fue despenalizada y volvió a restablecerse el último día del periodo de Augusto Pinochet.
Hasta ahora, el resultado de la reglamentación anti abortiva, ha fomentado la clandestinidad e inseguridad de aquellas mujeres que han debido recurrir a tratamientos con riesgo vital. Durante muchos años, la intervención del embarazo fue la primera causa de muerte materna en el país, producto de las complicaciones derivadas de los abortos sépticos.
En la actualidad, este hecho se encuentra en tercer lugar, debido a que de las 208 muertes maternas ocurridas, el 12% fue por aborto. Según el doctor Patricio Gayán, jefe del servicio de ginecología del Hospital Santiago Oriente (ex Salvador), “generalmente llega una mujer sangrando, con la historia de haber quedado embarazada. Se hace una ecografía para ver si hay restos de aborto. No tiene fiebre, no tiene infección; se pasa a pabellón, se le hace un raspado y se le deja el útero limpio”.
La mayoría de los casos con estas características se explican por la masificación del Misotrol. Este medicamento que tiene finalidades hepáticas, es utilizado como una solución abortiva, por medio de una dosis vaginal que le da elasticidad al cuello uterino y produce una hemorragia permitiendo, en situaciones de embarazo, generar la expulsión del embrión implantado.
Este verdadero problema de derechos sexuales se ha caracterizado por estar bajo criterios políticos e ideológicos. Las argumentaciones del por qué estar a favor del aborto terapéutico van desde las miradas biomédicas, sicosociales, de derechos y también de la bioética.
Tal como lo señala el bioeticista de la Universidad de Santiago, Sergio Zorrilla. La discusión bioética del aborto establece que el estatuto del embrión y la noción de persona identifican al menos tres posiciones. La primera de ellas señala que “una persona se da desde el momento de la fecundación, lo que implicaría que el aborto es un homicidio. La segunda considera a la noción de persona a partir de la autonomía de la voluntad, la que se da por la racionalidad. Y la tercera, es una mezcla de las dos anteriores, en donde el embrión es reconocido como un sujeto en potencia respecto del cual no es posible actuar sin límites y sin dignidad”.
Las posiciones frente a estos enfoques potencian el debate y a la vez aplazan las soluciones, principalmente las que se deben dar en el Congreso. Mientras tanto, la espera nos da espacio para cuestionar si ¿serán ellos a quienes les corresponde decidir este dilema?, ¿será urgente escuchar a las mujeres que hoy viven el drama de llevar en un su vientre un feto anencefálico, embarazo ectópico, encefalocele severo o cuando están presas emocionalmente producto de violencia sexual?.
Si el cuerpo es una propiedad individual, en el que caben decisiones personales que surgen de necesidades concretas. ¿Por qué habría de esperar a un grupo de políticos que se cuestionen los problemas de algunas mujeres, bajo una moral que no siempre es coherente con las necesidades reales?.
No se trata de imponer criterios pero es necesario educar sobre una asignatura pendiente, que además de las aristas planteadas, se relaciona con la ética del Estado, el que debe ser capaz de garantizar la libertad de pensamiento, como también los derechos sexuales y reproductivos de todos.