Hace un par de meses planteamos con énfasis nuestra inquietud respecto a la decisión del Ministerio de Salud de dictar un decreto que prohibiría el uso de mentol en cigarrillos. Nuestro argumento central fue que las conclusiones carecían de un sustento científico y se apoyaban primordialmente en un estudio de la Food and Drugs Administration (FDA) del Gobierno de Estados unidos, el que si bien reconoce algunos efectos aislados sobre los consumidores de cigarrillos mentolados, no entrega evidencia concluyente al respecto.
Este martes 5 de noviembre, Contraloría General de la República frenó el controvertido decreto arguyendo prácticamente lo mismo que nosotros: “no existe una relación directa entre la utilización de este elemento y un aumento en los niveles de adicción, o de los daños a la salud, o del riesgo de los perjuicios que pueden sobrevenir como consecuencia del consumo de los productos que lo contengan”. Adicionalmente, el dictamen del organismo fiscalizador sentencia que el decreto que buscaba prohibir este aditivo en el tabaco no se ajusta a derecho.
La relación de estos dos argumentos es central. Por algo Contraloría sostiene que es un requisito indispensable establecer claramente el nexo entre la presencia del mentol en los cigarrillos y el aumento en el consumo y adicción de los mismos, “porque el legislador no podría otorgar una atribución para disponer medidas tan drásticas como las prohibiciones, refiriéndola ampliamente a toda la gran variedad de situaciones que indirectamente puedan incidir en forma remota en el consumo del tabaco”.
La ley de tabaco aprobada en el Congreso otorga la facultad para prohibir los aditivos que aumenten los niveles de adicción, daño o riesgo en los consumidores. De alguna u otra forma, esta ley está fundada en la búsqueda de restringir la libertad de las personas de elegir qué consumir. Que se legisle desde el ejecutivo, y con la aprobación de los parlamentarios, con este ánimo nos parece al menos indignante: se emite un Decreto que no se ajusta a derecho, que no es concluyente en la evidencia que presenta para dictar una prohibición. Reitero, al menos indignante.
Instituciones como Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, afortunadamente tienen entre sus atribuciones el evitar que este tipo de abusos suceda. Sin embargo lo más relevante es una sociedad civil informada y empoderada de sus derechos, y que haga valer su opinión por todos los medios que la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho se los permita. Ejemplos de ello son los grupos Fumadores Furiosos, La Ruta del Pucho, Yo Quiero Fumar, en el caso del tabaco, quienes se manifestaron pacífica pero enfáticamente, por distintos medios, a propósito de lo arbitrario e irracional de la ley de tabaco. Toda.