Motivado por “la necesidad de los vecinos de vivir en un ambiente digno, limpio y de calidad” el diputado por el Distrito 20, Región del Bío Bío, Leonidas Romero Saez, presentó un oficio dentro de sus facultades en la Cámara de Diputados, dirigido al alcalde de Florida, Jorge Roa Villegas, con la intención de que este informe “si es que ha tomado conocimiento de que la empresa Sociedad Pesquera Landes S.A. ha sometido a evaluación ambiental un proyecto cuyos desechos, según afirma la empresa, serán destinados al vertedero del sector de Copiulemu”.

La empresa en cuestión, Sociedad Pesquera Landes S.A., contaría con desechos correspondientes a lodos orgánicos resultantes de la actividad de hidrolizado, un proceso donde los residuos de la industria del salmón son convertidos en harina, aceite y proteína líquida. Esta pesquera pretende operar en el área industrial de Cabo Negro, a 28,5 kilómetros al norte de Punta Arenas, es decir, los deshechos tendrían que viajar más de 2.500 kilómetros para llegar a la planta de tratamiento en Florida, planta que ya ha sido sometida a 14 sumarios por parte de la Seremi de Salud del Bío Bío y 61 fiscalizaciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), según lo consignado en Bío Bío Chile.

Lo cierto es que el término “zona de sacrificio” ha ido cobrando cada vez más sentido en el último tiempo, cuando ya se evidencian los resultados a largo plazo en las localidades en donde se han llevado a cabo proyectos de extracción y producción que, finalmente, no solo se hacen patentes en el medio ambiente, sino también en las propias comunidades, donde las personas han visto mermada su calidad de vida al tener que convivir día a día con malos olores, ruidos y vectores infecciosos. Lo anterior es una señal inequívoca de que las acciones de participación son indispensables en un procedimiento que afecta de manera tan directa en la vida de las personas.

¿Están estas empresas intentando no vincularse con las comunidades, saltándose los procesos de participación ciudadana?

Mientras tanto, el proyecto está a la pronta espera de ser aprobado para su funcionamiento en la zona de Punta Arenas, donde se presentan otra serie de irregularidades de funcionamiento que no han  sido resueltas como, por ejemplo, la forma de transporte de los residuos de una localidad a otra, cantidad de toneladas que se deberán procesar ni protocolos técnicos. Los desperdicios que generará Landes S.A, serían enviados también a otra planta procesadora de lodos, esta vez ubicada en San Gregorio, misma región donde se instalaría la empresa, sin embargo, dicha procesadora, se encuentra actualmente  sujeta a un proceso sancionatorio por parte de la SMA.

Pese a lo anterior y, aparentemente, sin considerar lo recién mencionado, el proyecto ha sido aprobado sin observaciones por organismos como la Seremi de Medioambiente de Magallanes y Conaf.

Considerando el historial de procedimientos y sanciones que se observan, cabe la duda, ¿están los organismos medioambientales y las autoridades pertinentes dándole un peso real a estos recursos? ¿Se están informando como corresponde las autoridades? ¿Por qué se aprueban sin ninguna observación proyectos que a simple vista tienen objeciones que podrían ser graves?

Superintendencia de Medio Ambiente, Seremi, Sernapesca, Sernatur, Municipios, Gobiernos Regionales y un largo etc, son parte de los organismos relacionados que deben no solo pensar en los intereses económicos que podrían acarrear proyectos de esta índole, sino también lograr sustentabilidad ecológica a largo plazo y, sobretodo, considerar el impacto en la vida de todas esas familias que viven en estos sectores.