La polémica por la licitación del Registro Civil ha aumentado durante las últimas semanas debido a los cuestionamientos recibidos, principalmente, por parte de diputados integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, particularmente de su presidente, Jaime Naranjo. Los dardos apuntan a la empresa china Aisino, que lidera la carrera para adjudicarse la producción de pasaportes y cédulas de identidad, con una propuesta económica que implicaría una reducción de más del 50% en el valor del pasaporte, el cual llegaría a $27.000. 

Uno de los principales focos de críticas ha sido la seguridad de los datos de las chilenas y chilenos, lo que ha escalado incluso hasta recibir advertencias por parte de Estados Unidos. Durante su intervención ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el encargado de negocios y jefe de la Misión de Estados Unidos en Chile, Richard Glenn, manifestó que, de aprobarse la licitación a la empresa china, nuestro país podría perder la visa Waiver. 

Pero, ¿están efectivamente en riesgo nuestros datos? En un artículo anterior sobre la polémica licitación, informamos sobre las declaraciones del director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, cuando fue citado a la Comisión de Economía el pasado 9 de agosto. En la instancia, aseguró que «los datos serán ahora del Registro Civil y los administrará el Registro Civil e Identificación, independiente si sea China u otra nacionalidad, con el modelo buscamos cambiar eso y que esté la gobernanza en un data center en una estructura que es del registro”. 

Pero al parecer las aclaraciones del director de la institución no fueron suficientes, ya que el diputado Naranjo insistió en sus objeciones y fue el propio Ma Zhenzhou, vicepresidente de la compañía asiática, quién desde Beijing envió una carta de cuatro páginas al parlamentario, en la que desmiente 13 puntos que han sido cuestionados por Naranjo y por los competidores de Aisino en la licitación, entre otros.

En la sesión de la Comisión de Economía del 9 de agosto se dijo que el Registro Civil habría modificado los criterios de evaluación de las bases, elevando a un 65% la oferta económica, lo que habría favorecido a la compañía asiática. Zhenzhou desmiente la información, aclarando que “las bases que originalmente efectuaron el llamado de este proceso en junio del año 2020, contenían desde un comienzo una evaluación que se componía de un 5% de aspectos administrativos, un 30% de aspectos técnicos y de experiencia, y un 65% de aspectos económicos. Se trata efectivamente de un cambio de criterios respecto de la licitación anterior, que imagino el Estado de Chile efectuó, para que los ciudadanos de su país dejen de pagar el pasaporte más caro del mundo”.

Complementando lo anterior, indica que “incluso si se hubiese utilizado el mismo criterio del proceso previo de hace 10 años (50% oferta económica y 50% oferta técnica), AISINO igualmente habría obtenido el mayor puntaje de acuerdo a la propuesta que entregamos”. El ejecutivo agrega que no sólo bajarían los valores de los documentos, sino que se superaría la calidad de estos “gracias a la evolución tecnológica y la capacidad de nuestras empresas chinas y alemanas”.

En cuanto a la seguridad de los datos, uno de los puntos más cuestionados, el representante de Aisino indica en la carta que la licitación solicitaba al menos las mismas medidas de seguridad con que cuentan actualmente los documentos, y que la propuesta que entregamos al SRCeI (Servicio de Registro Civil e Identificación) considera numerosas medidas de seguridad adicionales, muy por sobre el estándar exigido y que colocará al pasaporte chileno como uno de los más seguros del mundo, evitando falsificaciones y malos usos, como los que lamentablemente ocurrieron hace un par de años atrás”.

“Esto resulta particularmente importante teniendo en consideración que en el contrato actualmente vigente ello no ocurre, recayendo en manos de un tercero la administración completa de las bases de datos necesarias para la personalización de los documentos de identidad y de viaje”.

Una de las situaciones a las que se refiere Zhenzhou llevó al Registro Civil a multar a Idemia (actual proveedora y competidora en esta licitación) por más de $164 millones, luego de que la firma se negara, por temas de confidencialidad, a entregar información interna en el marco de una investigación por falsificación de pasaportes y cédulas de identidad.

Durante la sesión de la Comisión de Economía, el diputado Giorgio Jackson indicó que, en cuanto al desempeño de los algoritmos biométricos, Aisino no cumpliría con la métrica ABIS de 99,5% de precisión de identificación, lo que también es desmentido y aclarado en la misiva.

La compañía asiática, que presentó la mejor oferta económica (US$222 millones), participa en la licitación junto a otras tres empresas chinas especialistas en temas de desarrollos tecnológicos e inteligencia artificial y a la alemana Muhlbauer, que estará a cargo de imprimir los documentos y manejar los datos. Sobre esta última, la carta del ejecutivo especifica que es “líder mundial en personalización de documentos de identidad y de viaje, lo que representa un doble nivel de seguridad, ya que cada uno de los miembros de la unión temporal de proveedores deberemos cumplir estrictamente con las Bases y con los más altos estándares europeos”. 

Las afirmaciones de Ma Zhenzhou son respaldadas por una carta del embajador de China en Chile, Niu Quingbao, publicada en El Mercurio, en la que asegura que «China concede gran importancia a la protección de la seguridad de la información personal y se opone al uso de la tecnología informática para robar datos e infringir la información personal”. Agrega que “el gobierno chino nunca ha exigido a las empresas chinas que operan en el extranjero que proporcionen información y datos del país acreditado al gobierno chino, violando las leyes locales». 

Además, en la carta publicada emplaza a Richard Glenn por sus declaraciones. «Dado que el Sr. Encargado de Negocios dijo que la ley china exige que las empresas lo hagan, por favor, explique claramente al pueblo chileno ¿Qué ley china, qué artículo y qué párrafo tiene tal requisito?».

Considerando lo expuesto, no queda más que preguntarnos ¿Por qué Estados Unidos puede intervenir en una licitación nacional? ¿Cuánto es el nivel de desinformación de nuestras autoridades y parlamentarios? 

No deja de llamar la atención la actitud de algunos parlamentarios de la Comisión de Economía, que solicitaron abiertamente parar el proceso, alineándose de alguna forma con la actual empresa operadora del contrato que nos tiene hoy pagando uno de los pasaportes más caros del mundo. Es de esperar que para un tema tan relevante se trabaje y argumente con seriedad, ¿o es que existen otros intereses que inviten a frenar con tanto ímpetu una licitación que nos permitiría tener documentos a un precio accesible, aportando a la equidad?