Mediante un comunicado de prensa, La Universidad Diego Portales dio a conocer el día de hoy algunas de las conclusiones y recomendaciones de su undécimo Informe Anual sobre Derechos Humanos, que desarrolla el Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios. En el documento se destaca, entre otras materias, que la penalización total del aborto en nuestro país constituye una forma de violación de los derechos humanos de las mujeres. Como antecedentes a dicha conclusión, el estudio describe las prácticas del aborto a través de inéditos testimonios, y argumenta que las condiciones de clandestinidad en que éste ocurre someten a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad y violencia.
A partir de este informe sin duda se reabre una vez más el debate en nuestro país sobre los derechos civiles según los cuales deben estar resguardados los ciudadanos. Porque la realidad que se plasma en este informe es eso, una realidad. La clandestinidad en la que se producen los abortos, la segregación que ello produce, y los peligros a los que se ven expuestas las mujeres de más bajos recursos que los practican son indiscutibles.
Sin embargo también resulta indiscutible la responsabilidad, información, y problemática de salud pública que representa este tema. Cabe recordar el extenso debate que existe en la medicina sobre la determinación de cuándo un feto constituye un ser vivo con sus facultades humanas plenas. Adicionalmente el debate moral y ético que representa este tema en torno a suprimir la viabilidad de un feto cuando esto pueda, eventualmente, representar sólo un deseo unilateral de la madre. El de simplemente no concebir al ser que lleva en su vientre.
Si se avanza en Chile hacia la despenalización del aborto, estos casos deben ser analizados en su contexto, con altura de miras y criterios objetivos a fin de dar garantías de seguridad, igualdad de acceso y total fiscalización cuando se recurra a este difícil recurso. Pero de igual forma, debe hacerse particular énfasis en que la legislación respectiva considere central el resguardo constitucional de la vida del que está por nacer.